El compliance es un factor cada vez más importante para las empresas, hasta el punto de que en algunos países las leyes obligan su uso para ciertas organizaciones. Dentro de este cumplimiento hay exigencias como la creación de canales de denuncia internos para evitar la mala praxis empresarial, es lo que se conoce como whistleblowing.
El whistleblowing es la apertura de canales de denuncia internos en la empresa que faciliten la comunicación de comportamientos delictivos, poco éticos o irregulares dentro de la propia organización, sus empleados, o terceros que tengan alguna relación con la compañía.
En este sentido, el whistleblowing actúa como una vía de comunicación destinado a garantizar las buenas prácticas internas y a evitar que las personas jurídicas se enfrenten a responsabilidades penales derivadas de la mala praxis empresarial.
El “whistleblower” es una persona dentro de la empresa que se encarga de denunciar hechos o comportamientos que pueden ser constitutivos de delito o fraude. Viene de los términos whistle (silbato) y blow (soplar), en referencia a cuando los agentes de policía hacían sonar sus silbatos para alertar a los ciudadanos u otros policías sobre la comisión de un delito.
En los países de la Unión Europea o Estados Unidos, la aplicación del whistleblowing no es opcional para las empresas que quieran aplicar mecanismos para la salvaguarda de su reputación o responsabilidad social. Al contrario, para determinadas sociedades es una norma de cumplimiento obligatorio, con fundamento en la legislación.
Existen leyes europeas cuyo objetivo es proteger a empresas públicas y privadas, en las cuáles es susceptible la comisión de ciertos delitos, ya sea por desconocimiento de la normativa o por prácticas malintencionadas.
Delitos como: fraudes y estafas, blanqueo de capitales, incumplimiento de la normativa sobre protección de datos, evasión de impuestos, delitos contra la propiedad intelectual o industrial, competencia desleal, delitos contra el mercado o los consumidores, corrupción interna, irregularidades con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, etc, son los que se buscan prevenir con esta práctica
Cómo implantarlo en una empresa
Para cumplir con las directivas de whistleblowing se deben establecer canales de comunicación que favorezcan la denuncia de hechos delictivos para su posterior resolución. Entre las medidas para su implantación se pueden citar los siguientes:
Poner en marcha canales que faciliten la formalización de las denuncias en diferentes formatos: de manera verbal, por escrito, vía telefónica, etc.
Garantizar que estos canales de denuncia resguardan la identidad del denunciante.
Presentar un acuse de recibo de la misma en un plazo máximo de N días.
Nombrar un encargado de tramitar las denuncias recibidas; que podrá ser el encargado de realizar las denuncias o whistleblower. Deberá mantener una comunicación con el denunciante y le aportará ayuda e información para tramitar las denuncias.
Establecer un plazo máximo de N meses para informar sobre la tramitación de la denuncia.
Las empresas públicas y privadas tienen la libertad para decidir si tramitan las denuncias. En cualquier caso, deberían garantizar el anonimato del denunciante, con el objetivo de evitar una posible identificación posterior que podría dar lugar a represalias.
No se deberá revelar la información personal de denunciante a nadie, salvo a las personas encargadas de tramitar las denuncias. Esto incluiría datos de segundo nivel que no identificarían directamente a la persona pero que puedan servir indirectamente para conocer su identidad. Es decir, la información debería ser confidencial.
Whistleblowing en México
En México no se protegen los derechos de los whistleblowers, la Ley General de Responsabilidades Administrativas sólo prevé que éstos podrán ser personas físicas o morales, o servidores públicos, que realicen de forma anónima o con carácter confidencial, la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, por las faltas administrativas señaladas en la citada ley.
México debe legislar la protección de los derechos de los whistleblowers para que no se encuentren en estado de indefensión y se garantice el respeto de los derechos fundamentales.
Con ello, se estará contribuyendo a la disminución de la corrupción, se propiciará la consolidación de la transparencia y rendición de cuentas, además de que el servidor público actuaría en función del interés público.